PERÚ: Defensor del Pueblo plantea reconocer territorios indígenas

indigenas_2607_2El defensor del Pueblo de Perú, Eduardo Vega, pidió hoy al parlamento una reforma legal que garantice los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales, pues las normas actuales no los aseguran.(RadioPL)

En una comunicación al Congreso de la República, Vega dijo que este debe debatir una reforma que garantice esos derechos, reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, por haber sido firmado por el Estado tiene fuerza legal en el país.

A modo de ejemplo de la ineficacia de la normatividad legal sobre titulación de tierras nativas, lamentó que, a tres meses de haber sido asesinados los dirigentes de al etnia amazónica asháninka por depredadores de sus tierras, esa comunidad aún no ha recibido los títulos de propiedad comunal de las mismas.

Pese a la voluntad de dotar de títulos a los originarios, expresada por la primera ministra, Ana Jara, “aún no se ha emitido el título de las tierras de los moradores de esas zonas”, según la Defensoría.

Ante ello, Vega planteó con carácter urgente “una reforma legal que sirva para responder con celeridad los pedidos de titulación de miles de comunidades nativas y campesinas” y una modificación normativa en consulta con los originarios.

El planteamiento fue hecho cuando en Perú se realiza la XX Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP20), con participación de 195 países y en al que representantes indígenas demandan se les otorgue títulos de propiedad para proteger los bosques que alivian el calentamiento global.

El pedido apunta a la titulación de 20 millones de hectáreas en América, principalmente en la Amazonía, y 210 millones de hectáreas en el resto del mundo.

En octubre pasado, el defensor Vega comunicó a la primera ministra Jara su preocupación por los problemas de inseguridad jurídica que afectan el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas y nativas de Perú.

Ante la situación, recomendó al gobierno simplificar los engorrosos procedimientos de reconocimiento y titulación a fin de proteger adecuadamente el derecho de propiedad comunal.

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