PANAMÁ: Gobierno obligado a negociar con indígenas

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El gobierno panameño designó a la vicepresidenta, Isabel De Saint Malo, al frente de un comité para negociar con la comunidad NgÃñbe Buglé su protesta por la construcción de una hidroeléctrica, cuyo ultimátum concluye hoy.

La próxima semana el grupo se trasladará a la comarca indígena para conversar con las partes acerca de la exigencia de cancelación de la obra, informó un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado.

Este pedido de la comarca se debe a que los indígenas consideran que daña tierras de cultivo y santuarios arqueológicos de sus ancestros.

El comité estará integrado, además, por los ministros de Seguridad, Rodolfo Aguilera; de Gobierno, Milton Henríquez; de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, y de la Autoridad Nacional de Ambiente, Mirei Endara.

También cursaran invitación al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y las iglesias, para que participen de las conversaciones, aseguró la fuente.

Miembros de la tribu ocuparon áreas donde se construye la hidroeléctrica y amenazaron con tomar otras acciones si hoy no se inicia el diálogo, que fue suspendido unilateralmente el sábado último por el Gobierno, dijeron fuentes de los aborígenes.

Clementina Pérez, cacica regional suplente, indicó que esta exigencia a las autoridades busca una salida pacífica al conflicto por el uso del río Tabasará, que abarca un área de mil 289 kilómetros cuadrados en la comarca indígena, en las norteñas regiones de Chiriquí y Veraguas.

Al mismo tiempo, el presidente del país, Juan Carlos Varela, llamó

al dialogo entre los grupos de manera que haya un punto de entendimiento.

Los caciques NgÃñbe Buglé solicitan también revisar en su totalidad la Ley 11 del 26 de marzo de 2012, que prohíbe la explotación minera y crea un régimen especial para la protección de los recursos hídricos y ambientales en la comarca, alegando que atenta contra los intereses de la cultura de estos pueblos.

Los representantes de Generadora del Istmo S.A. (Genisa), ejecutora de la obra, arguyen que el proyecto está en 98 por ciento fuera de territorios comarcales y además, la Corte Suprema de Justicia avaló el Estudio de Impacto Ambiental, por lo que consideran que no se debe suspender esa construcción.

Declaraciones de los dirigentes indígenas aseguran que la generadora, conocida como Barro Blanco, afectaría directamente a 270 personas que viven cerca de la cuenca del Tabasará e indirectamente a tres mil que dependen de ese afluente para sus actividades.

Colocados desde: prensalatina.com

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