PANAMÁ: Comisión gubernamental continúa negociaciones con indígenas panameños

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Una comisión gubernamental panameña visita hoy la Comarca NgÃñbe Bugle en busca de un consenso con la población indígena local que deje libre el camino para la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco.

La comitiva oficial está encabezada por la vicepresidenta y canciller de Panama, Isabel De Saint Malo.

Un portavoz del Gobierno dijo a la prensa que el propósito de esa visita es hallar consensos enfocados en los intereses nacionales, tomando en cuenta las necesidades legítimas de este grupo poblacional originario.

Desde el pasado miércoles, la comitiva técnica del Gobierno sostiene reuniones con dirigentes del Movimiento 10 de abril (M-10) y residentes de la Comunidad Kiad para conocer sus inquietudes con respecto a esta polémica obra.

Como parte de los encuentros realizados anteriormente a orillas del río Tabasará, una delegación integrada por dirigentes de la Comarca entregó un pliego de peticiones para iniciar un proceso de acuerdos.

Los mismos deberán ser examinados también por los ministros de Seguridad, Rodolfo Aguilera; de Gobierno, Milton Henríquez; de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles; y de la Autoridad Nacional del Ambiente, Mirei Endara, quienes integran la comisión de alto nivel.

El sábado último, una misión técnica del Gobierno recorrió el área donde se realizan los trabajos de construcción en aras de presentar un informe evaluativo de la situación al Comité de Alto Nivel designado por el Consejo de Gabinete para tratar el tema.

Clementina Pérez, cacica regional suplente, indicó que esta exigencia a las autoridades busca una salida pacífica al conflicto por el uso del río Tabasará, que abarca un área de mil 289 kilómetros cuadrados en la comarca indígena, en las norteñas regiones de Chiriquí y Veraguas.

Los caciques NgÃñbe Buglé solicitan también, revisar en su totalidad la Ley 11 del 26 de marzo de 2012, que prohíbe la explotación minera y crea un régimen especial para la protección de los recursos hídricos y ambientales en la comarca, alegando que atenta contra los intereses de la cultura de esos pueblos.

Los representantes de Generadora del Istmo S.A. (GENISA), ejecutora de la obra, arguyen que el proyecto está en un 98 por ciento fuera de territorios comarcales, y además, la Corte Suprema de Justicia avaló el Estudio de Impacto Ambiental, por lo que consideran que no se debe suspender esa construcción.

Declaraciones de los dirigentes indígenas aseguran que la generadora, conocida como Barro Blanco, afectaría directamente a 270 personas que viven cerca de la cuenca del Tabasará e indirectamente a tres mil que dependen de ese afluente para sus actividades.

Colocada desde: Prensa Latina.com

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