GUATEMALA: Exigen liberar a dos dirigentes indígenas

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La Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop) de Guatemala exigió hoy la liberación de dos representantes del Gobierno Plurinacional de la Nación Qâ Öanjobâ Öal, Chuj, Akateka, Popti y Mestiza de 16 municipios del noroccidental departamento de Huehuetenango.

Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, arrestados el martes en esta capital, “son criminalizados por defender el territorio, el agua y ser miembros de la autoridad comunitaria de Santa Eulalia, Huehuetenango, la cual se opone a la explotación minera, despojo de tierras y recursos naturales”, denunció la Congcoop.

La fuente señala en un comunicado que ambos dirigentes fueron capturados por orden del Juzgado de Santa Eulalia, sin embargo, “no existe delito punible que perseguir, pues sus acciones están enmarcadas en la ley por tratarse de una movilización social al amparo de la Constitución.”

La agrupación llamó a organizaciones nacionales e internacionales a mostrar su solidaridad para frenar esta sistemática violación a los derechos de los campesinos opuestos a los proyectos mineros e hidroeléctricos que operan en Huehuetenango.

Pidieron a la Procuraduría de los Derechos Humanos condenar el hecho y darle seguimiento al proceso de investigación, en tanto solicitaron a las organizaciones sociales y comunidad internacional a manifestar su repudio por el arresto en contra de la dirigencia campesina y popular.

En este contexto, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) presentó la víspera un informe que señala al Gobierno de obstaculizar el trabajo de defensores humanitarios con campañas de estigmatización, detenciones y procesos penales.

El reporte de labores de 2014, divulgado en un hotel capitalino por el titular de la Oacnudh en este país centroamericano, Alberto Brunori, se refiere al incremento de la conflictividad ligada a la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.

Brunori sostuvo que una de las principales fuentes de tensión entre las comunidades indígenas, autoridades del Estado y empresas continúa siendo la falta de consulta en torno a la construcción de proyectos hidroeléctricos.

Durante una visita oficial a Guatemala en mayo del año pasado, la Alta Comisionada Adjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Flavia Pansieri, dijo que recibió información sobre casos de amenazas, ataques y campañas de desprestigio contra defensores humanitarios.

La funcionaria expuso entonces que escuchó testimonios de defensores de Derechos Humanos que trabajan a favor de la justicia, los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y el medio ambiente.

Colocada desde: http://www.prensa-latina.cu

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