PANAMÁ: Reacciones contrapuestas por acuerdo gobierno e indígenas

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Reclamaciones, desmentidos y nuevas protestas son algunas de las reacciones hoy del gobierno, indígenas y empresa privada panameños como consecuencia de la firma de un acuerdo para el funcionamiento de la polémica hidroeléctrica Barro Blanco.

El acto ocurrió ayer en medio de protestas de sectores originarios contrarios a la obra, quienes lanzaron piedras a las autoridades, incluidos al presidente y vicepresidenta del país, Juan Carlos Varela e Isabel Saint Malo, respectivamente, sin consecuencias para los mismos.

Ambos comunicaron, por separado, que cuatro policías resultaron heridos, pero se les ordenó no actuar contra los manifestantes, cuyas expresiones de rechazo continúan este martes.

Igualmente la empresa ejecutora de la obra, Generadora del Istmo S.A. (Genisa), envió un comunicado a la prensa local, en el cual negó formar parte del pacto, el cual elimina su concesión, y se reservó ‘el derecho a ejercer las acciones y utilizar los mecanismos legales a nuestra disposición para proteger nuestro derecho a un trato justo y equitativo de nuestra inversión’.

El texto aseguró que la entidad no estuvo en las negociaciones, en la que se tomaron decisiones que atrasaron el proyecto, ‘lo cual se ha traducido en sobrecostos, pérdida por lucro cesante, riesgos y daños a equipos y obras de infraestructura’.

Mientras, un desmentido del Gobierno señaló que ‘en el caso del Acuerdo de Barro Blanco, los principales componentes relacionados a la empresa Genisa fueron conocidos y discutidos por sus representantes durante el proceso, y de hecho, en varios casos proporcionados por ellos’.

La breve nota de la Secretaría de Comunicación aclaró que ‘Genisa demostró un completo entendimiento de la situación del proyecto y cooperó en alcanzar una solución. Precisamente, gracias al proceso de diálogo fue posible llegar a un acuerdo que respeta la seguridad jurídica’.

Por su parte, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) advirtió este martes que la forma cómo se llegó al acuerdo sobre la central eléctrica es un ‘precedente nefasto’ y envía un mensaje internacional sobre la falta de seguridad jurídica de las inversiones.

‘En todo diálogo deben estar involucradas todas las partes. Uno de los actores principales no está dentro de la mesa, no puede ser que los actores estén fuera y se lleguen acuerdos que afectan la operación futura’, manifestó Aida Michelle, presidenta de Conep.

Consideró que el pacto entre el gobierno y autoridades de la comarca NgÃñbe Buglé no resuelve el conflicto, sino que se ha vuelto a iniciar un proceso, además que rechazó lo relacionado con garantizar que la mitad de la fuerza de trabajo de la central eléctrica sean indígenas de la Comarca NgÃñbe Buglé, donde se encuentra.

Otros sectores que defienden el modelo neoliberal de las privatizaciones, calificaron de expropiación la decisión gubernamental de retirar a Genisa del proyecto ‘por múltiples incumplimientos’, según reiteraron, e incluir en el acuerdo una cláusula que deja abierta la posibilidad de que Estado y Comarca indígena compartan la propiedad.

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