Las víctimas fueron identificadas como Joel Meneses, uno de los fundadores del Cima, y los campesinos Ariel Sotelo y Mereo Meneses, quienes impulsaban la defensa del territorio, del agua y del ordenamiento territorial y lo social.
Así mismo, el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA), una organización campesina opuesta a la minería y el narcotráfico, denunció ante la opinión pública la crítica situación de derechos humanos que enfrentan las comunidades, organizaciones y líderes por las continuas amenazas de orden personal y colectivas, persecución entre otras violaciones a los derechos humanos.
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) y la Defensoría del Pueblo denunciaron el aumento de asesinatos a miembros de comunidades indígenas en el departamento de Nariño, entre los que se encuentran los hermanos Alberto y Luciano Pascal García, Diego Chirá Nastacuas y Camilo Roberto Taicus Bisbicus.
Mediante un comunicado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA), se mostró preocupada y condenó el martes todos estos asesinatos y pidió a las autoridades esclarecer los hechos y brindar «justicia pronta y oportuna».
También instó a que dispongan los «recursos necesarios que garanticen la seguridad» de los líderes sociales, indígenas y defensores de derechos humanos.
Durante el primer semestre del año fueron asesinados 35 defensores de derechos humanos en Colombia, uno más en comparación al mismo periodo de 2015, según un reciente informe de la ONG Somos Defensores.
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