PANAMÁ: Rechazo a pacto panameño indígenas-gobierno crearía crisis política

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El rechazo del Congreso General Ngobe Buglé al acuerdo con el Gobierno de Panamá sobre la continuidad de una polémica hidroeléctrica, podría retornar a una crisis política que se creía superada, según analistas.

Un comunicado emitido por la vicepresidenta del país, Isabel de Saint Malo, reconoció que por un margen de 11 votos, los 141 delegados al máximo órgano indígena ‘no aprobó el Acuerdo para resolver las diferencias sobre las incompatibilidades del Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco (PHBB)’.

Aunque la nota aclaró que manejaba información extraoficial, pues hasta anoche no recibió comunicación directa, señaló que 76 delegados votaron en contra y 65 a favor, y a la vez adelantó que ‘en cualquier caso el Gobierno Nacional mantiene su disposición al diálogo con el Congreso y otras autoridades comarcales’.

Saint Malo exhortó, además, ‘a los actores a debatir a profundidad los términos del acuerdo los cuales son positivos para la comarca en particular y para el país en general’ y agregó que el documento firmado ‘respeta la seguridad jurídica, a la vez que respeta el derecho de los pueblos indígenas y de las comunidades aledañas’.

Al explicar los términos del pacto rubricado, entre otros, por el presidente del país, Juan Carlos Varela y la cacica general de la Comarca, Silvia Carrera, el texto recordó que separaban de la operación a la concesionaria Generadora del Istmo, S.A. y se traspasaría la operación a un tercero con experiencia en el sector.

Otros términos son: priorizar que la mitad del personal de operaciones de la central sean indígenas de la etnia y campesinos de la zona, crear un fideicomiso por el término de la concesión y aportes del gobierno para el desarrollo de actividades agrícolas, pecuarias, forestales, ecoturísticas y artesanales.

También las contribuciones gubernamentales se utilizarían en la formación de capital humano y electrificación rural en las comunidades indígenas y campesinas aledañas, con prioridad en las comunidades del Distrito de Muná, donde se encuentra la hidroeléctrica.

Anterior a la votación, el Congreso General destituyó a Carrera, principal firmante del pacto, por ausentarse a la sesión y no presentar el informe de su gestión, según versiones de delegados presentes, pero el órgano no emitió ningún mensaje oficial, lo que desataron múltiples especulaciones al respecto.

El acuerdo, calificado de ‘histórico’ por el Gobierno Nacional y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Panamá, lo rechazaron desde el inicio varios sectores indígenas, entre otros, que protestaron en varios puntos del país y solicitaron la cancelación del PHBB, incluso con enfrentamientos violentos con la Policía.

Santiago Ábrego, coordinador de la Sociedad Civil Ngobe Buglé y campesinos, dijo a Prensa Latina que están a la espera de las reacciones del Gobierno, tras el fracaso de lo que calificó de ‘show’ entre presuntas autoridades de su Comarca ilegalmente elegidas, según fallo de la justicia panameña.

Al no ratificarse el convenio firmado el pasado 22 agosto y que supuestamente pondría fin al conflicto, el país queda en una incertidumbre en espera de posibles acontecimientos indeseados, que acrecentarían las tensiones entre indígenas y autoridades.

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