BRASIL: Políticos presionan para cerrar el departamento de asuntos indígenas

Una comisión llevada a cabo por parlamentarios brasileños que representan a la bancada ruralista (el poderoso lobby del agronegocio) acaba de publicar un informe solicitando el cierre de la Fundación Nacional del Indio o FUNAI, el departamento de asuntos indígenas del Gobierno de Brasil.

Su contenido ha generado indignación e incredulidad en Brasil y más allá de sus fronteras. Francisco Runja, un portavoz indígena kaingang, declaró: “La extinción de la FUNAI es como si nos mataran a nosotros, los pueblos indígenas. FUNAI es una institución fundamental para nuestra permanencia, supervivencia y resistencia, y es una garantía para la demarcación de nuestros territorios ancestrales”.

El informe ataca a los líderes indígenas, antropólogos, fiscales y ONG, incluida Survival International.

El documento alega que FUNAI se ha convertido en un “rehén de intereses externos” y pide que decenas de sus funcionarios sean procesados por respaldar lo que denominan “demarcaciones ilegales” de territorios indígenas.

El pasado 16 de mayo se negó a un grupo de 50 indígenas presenciar la sesión parlamentaria donde se debatía esta consulta.

La investigación tomó 500 días y contiene más de 3.300 páginas. Es un desvergonzado ataque a los pueblos indígenas, así como un intento burdo y ventajista de destruir sus derechos constitucionales arduamente conquistados.

El estudio fue dirigido por políticos que representan al poderoso agronegocio en el Congreso, que desde hace mucho tiempo codician los territorios indígenas para su propio beneficio económico.

Uno de sus miembros, el diputado Luis Carlos Heinze, recibió el premio de Survival International al Racista del Año en 2014 a raíz de sus comentarios profundamente ofensivos sobre indígenas, homosexuales y negros brasileños.

Otro diputado, Alceu Moreira, reclamó la expulsión de los pueblos indígenas que intentan reocupar sus tierras ancestrales.

La hostilidad creciente y el clima antindígena en muchos sectores del Congreso está fomentando la violencia contra los pueblos indígenas del país. El mes pasado, 22 indígenas gamelas resultaron heridos durante un ataque brutal a manos de pistoleros contratados por los terratenientes locales.

FUNAI ha sufrido severos recortes presupuestarios que han resultado en el desmantelamiento de varios equipos responsables de la protección de territorios de indígenas aislados. Ello deja a algunos de los pueblos más vulnerables del planeta a merced de madereros armados y acaparadores de tierras.

 

La organización ha quedado extremadamente debilitada. Buena parte de su personal ha sido despedido, y políticos designados dirigen ahora departamentos clave.

En los últimos cinco meses FUNAI ha tenido tres presidentes. A principios de este mes, su segundo presidente, Antonio Costa, fue despedido. En una conferencia de prensa criticó con contundencia al presidente Temer y al ministro de Justicia Osmar Serraglio, afirmando que “no solo quieren acabar [con FUNAI], sino también con políticas públicas, como las políticas de demarcación de tierras [indígenas] (…) Esto es muy grave”.

El chamán y portavoz yanomami Davi Kopenawa declaró: “La FUNAI ha sido destruida (…) ya está muerta. Ellos la mataron. Solo queda su nombre. Un nombre bonito, pero que no tiene poder para ayudarnos”.

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